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La Junta de Andalucía aprueba un decreto para limitar el acceso de los menores a la cirugía estética

05/03/09.- ABC de Sevilla. 3 de marzo del 2009.

La Junta de Andalucía aprueba un decreto para limitar el acceso de los menores a la cirugía estética.

AGENCIAS | SEVILLA. Actualizado Martes, 03-03-09 a las 20:34

* Deberán pasar un examen psicológico que valore su nivel de madurez y descarte desórdenes que contraindiquen la intervención.

* Si el informe y la valoración médica son positivos, los jóvenes de entre 16 y 18 años podrán tomar la decisión de someterse a la operación.

* Entre los 12 y 16 años, son los padres o tutores quienes deben autorizar la intervención, aunque será escuchada la opinión del menor.

Ningún menor andaluz podrá someterse a una operación de cirugía estética sin que previamente haya pasado un examen psicológico que valore su nivel de madurez y descarte desórdenes que contraindiquen la intervención, según un decreto aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

Según ha informado la consejera de Salud, María Jesús Montero, el "auge" de estas intervenciones entre los menores, especialmente entre las chicas, ha llevado a la Junta a regular una actividad que se ofrece en la sanidad privada y de la que no siempre se informa adecuadamente.

España es el cuarto país del mundo con mayor número de operaciones estéticas, con más de 380.000 al año, de las cuales unas 60.000 se realizan en Andalucía. Además, una de cada diez intervenciones se hace en un menor de 18 años, un proceso para el que bastaba con el consentimiento paterno. Sin embargo, a partir del decreto aprobado hoy, todos los menores que quieran someterse a una operación de cirugía estética -de entre las que destaca el aumento de mamas- deberán pasar un informe psicológico previo que garantice el nivel de madurez necesario para afrontar una intervención de estas características.


Informe psicológico.
La consejera ha explicado que los menores deberán recibir toda la información sobre el acto quirúrgico, incluyendo indicaciones sobre los resultados que se esperan, sus consecuencias y posibles riesgos, las contraindicaciones y las probabilidades de repetir la intervención en el futuro.

Con carácter previo a esta información, un profesional ajeno al centro o servicio sanitario responsable realizará el correspondiente informe psicológico, que será tenido en cuenta por el cirujano a la hora de tomar una decisión. Siempre y cuando el informe psicológico y la valoración médica sean positivos, los jóvenes de entre 16 y 18 años podrán tomar la decisión de someterse a la intervención, por lo que serán ellos mismos quienes suscribirán el consentimiento informado. No obstante, los padres deberán ser informados y su opinión será tenida en cuenta, según la consejera.

Entre los 12 y 16 años, son los padres o tutores quienes deben autorizar la intervención, aunque será escuchada la opinión de los menores y si el joven tiene menos de 12 años, la decisión corresponderá en exclusiva a sus progenitores. En cuanto a los controles y garantías exigibles a los centros y a los profesionales, el decreto prevé la creación de un registro de datos de cirugía estética de menores con el fin de conocer los indicadores de resultados y las tasas de éxito, complicaciones y efectos secundarios. Los centros tendrán que presentar anualmente una memoria detallada de sus instalaciones, incluyendo equipos, quirófanos, salas de despertar y unidades de reanimación.


Una medida «insuficiente».
La asociación El Defensor del Paciente ha tildado de "insuficiente" el decreto andaluz, al tiempo que ha apostado, en el caso de una regulación en este ámbito, por una norma de ámbito estatal.
Esta asociación ha asegurado que "desde hace años" viene defendiendo "la prohibición de cirugía estética en menores", a excepción de aquellos casos en los que concurra problemas por "malformaciones de nacimiento o situaciones evidentes que actúen en el menor creándole una depresión, tales por ejemplo una nariz prominente". Ha agregado que, "aunque el primer paso está siendo dado por la comunidad andaluza deberían ser de ámbito nacional".

Además, ha justificado la "insuficiencia" de las medidas adoptadas en el decreto andaluz por cuanto "un psicólogo no puede en una sola consulta saber el punto de necesidad que el joven tiene para intervenirse", además de que "la información de riesgos no está sólo para los menores de edad, sino para todos".

De igual modo, ha argumentado que "el aumento de operaciones en jóvenes sigue de forma paulatina" en España y alertó de que "la constatación de la clínica o la valoración del cirujano no es una garantía en sí misma", por lo que "no exime de un riesgo que causaría el destrozo en la vida del joven".

Por todo ello, ha sostenido que "la única medida efectiva es la prohibición por ley a menores", así como el "exhaustivo control" de centros y las "inspecciones" a clínicas y médicos.